La adhesión por parte de una persona jurídica a un programa o un sistema de gestión para llevar adelante la organización de la compañía no sólo demuestra la voluntad de ésta en cumplir con los requisitos legales obligatorios propios de cada país. Por otro lado, también revela que la organización reconoce, en mayor o menor medida, que generar una conciencia en cuanto a una cultura organizacional de compromiso ético y de integridad, llamémoslo compromiso voluntario, es muy relevante en los días actuales con el fin de evitar responsabilidades y mejorar su reputación.
Para que una persona jurídica incursione por el camino de la adhesión a un sistema de compliance podría ser conveniente ampararse en una norma ISO. Puntualmente, la norma ISO 37301 trata sobre los requisitos para identificar las principales obligaciones que afectan a las organizaciones y se podría utilizarse como una guía.
Cuando una persona jurídica manifiesta su voluntad de adhesión a un sistema de compliance penal debe considerar que mapear los riesgos que emanan responsabilidades jurídico penales son la base. Y en ese sentido, debemos comprender que identificarlos transversalmente en las operatorias de la compañía es necesario para la obtención de un buen programa como resultado. Asimismo, también debemos considerar que no es posibles mitigarlos totalmente, sin embargo, la persona jurídica debe desarrollar los mecanismos necesarios para administrarlos una vez que se presentan. Los riesgos penales identificados en todos los procesos de la persona jurídica son la base para detectar qué controles aún se encuentran flojos y precisan ser ajustados con el fin de poder cumplir con la normativa vigente e intentar evitar la comisión de delitos. Uno de los controles que se espera que la persona jurídica aplique es una debida diligencia a proveedores y/o gestores, de este modo la misma manifiesta su intención de mantener un vínculo comercial con criterios éticos y transparentes esperando lo mismo de sus terceros.
Frente a todo lo expuesto, la adopción de un programa de compliance penal puede ayudar a prevenir la responsabilidad penal de las personas jurídicas y mejorar su reputación corporativa, ya que posibilita a la misma mapear los riesgos, aplicar los controles necesarios y demostrar ante el mundo corporativo, los órganos de contralor, instituciones gubernamentales y jurídicas su visión comercial ética y transparente.